Pages

Friday, June 21, 2013

Pero hablando de la Corte Suprema de Argentina...

... hay algo que no veo mencionado en los periódicos de Buenos Aires:
Quien hizo posible que esta iniciativa de reforma de la estructura judicial fuera descalificada por la Corte Suprema fue Néstor Kirchner.
Si entre sus primeras medidas de gobierno no hubiera estado la verdadera limpieza de las caballerizas de Augias que emprendió, hoy en día la Corte seguiría estando integrada por los mismos corruptos genuflexos que habían llegado allí durante el gobierno de Carlos Menem, especialistas en considerar divinas las iniciativas del Poder Ejecutivo (siempre y cuando hubiera "algo para ellos", pero eso siempre se podía arreglar porque para eso son los gomías).
Si los supremos actuales son un poco más independientes, por tanto, del oficialismo, es porque fue precisamente el ex-presidente Kirchner quien tuvo la audacia de correr a escobazos a sus predecesores. Y deberían agradecérselo pública y repetidamente.
¿Me equivoco?

Wednesday, June 19, 2013

Un detalle curioso, hablando de la Corte Suprema

Si, hablando de la Corte Suprema (ver mi post inmediato anterior):
El dato curioso es que, por primera vez en la historia de los Estados Unidos de América, no hay en la Corte actual ningún protestante, la corriente religiosa mayoritaria en este país. 
De los nueve miembros, seis son católicos: Sonia Sotomayor, John Roberts, Samuel Alito, Anthony Kennedy, Clarence Thomas y Antonin Scalia). 
Y los tres restantes, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Stephen Breyer, son judíos.
En general se considera que, ideológicamente, Ginsburg, Kagan, Breyer y Sotomayor son "progres", mientras que los otros cinco son vistos como más conservadores. 

Por tradición, en las fotos del tribunal siempre aparecen sentados los miembros más antiguos y de pie los más nuevecitos

“INCONSTITUCIONAL”, dijo la Corte Suprema. Estoy de acuerdo.


La Corte Suprema de los Estados Unidos declaró, por 7 votos contra 2, que un requisito electoral establecido por el estado de Arizona es inconstitucional y prohibió su aplicación.

Desde que el Congreso de los Estados Unidos aprobó en 1965, por iniciativa del Presidente Johnson, la Ley de Derecho al Voto, las leyes electorales son responsabilidad del gobierno federal. El Departamento de Justicia envía a todo el país un formulario uniforme que los Estados deben usar para inscribir a los votantes que desean empadronarse (como aquí el voto es voluntario, quien quiera votar debe registrarse aunque sólo una vez en la vida –a menos que cambie de domicilio). Ese formulario se envía bajo la consigna “acepte y use”, que quiere decir que no se puede reemplazar por otro.
Hace un tiempo el estado de Arizona impuso un requisito extra: al momento de empadronarse el elector debe mostrar un documento (partida de nacimiento, pasaporte, etcétera) para probar que es ciudadano/a de los Estados Unidos. Con el pretexto de “combatir el fraude” se trataba en realidad de discriminar contra personas de ascendencia latinoamericana (antes era contra los negros) que, en su mayoría, tienen el mal gusto de votar por los demócratas (Arizona tiene actualmente legislatura y gobernadora republicanas).

El gobierno federal demandó a Arizona por ese requisito extra, argumentando 1) que iba contra el principio constitucional de “una persona-un voto”, según la jurisprudencia establecida en la década de los 1960s por la corte Warren y 2) que Arizona desconocía así la obligación de “aceptar y usar” el formulario federal, el cual ya tiene un recaudo para evitar que se registre quien no es ciudadano (hay que marcar un cuadrito al lado de una frase que dice “declaro bajo pena de perjurio que soy ciudadano/a de los Estados Unidos de América”).

Arizona contestó que “acepta y usa” el formulario… sólo que, bueno, le agrega un “detallito” más, como para estar seguros, ¿vio?

Como digo arriba, la Corte rechazó la posición de Arizona. El miembro informante del dictamen de mayoría, el juez Antonin Scalia, dijo que “aceptar y usar” implica que hacerlo es garantía suficiente, que cualquier agregado es ilegal y que el gobierno federal tiene el rol dominante cuando se trata de cuestiones nacionales como leyes electorales y control de fronteras; por tanto, concluye el dictamen, a los estados sólo les queda acatar.

El Consejo Intertribal de Arizona, que fue parte en la demanda, había denunciado que con esa ley tramposa Arizona había –en el último año- rechazado la inscripción de 31.500 votantes nada más que por no tener un documento a mano.

Por eso digo: estoy de acuerdo con la resolución de la Corte Suprema.

Perdón… ¿Qué se pensaban?